viernes, 20 de abril de 2018

Laico, aconfesional y la madre que lo parió


“Es que España es un Estado aconfesional, no laico”. Es una frase corriente. Se dice desde posiciones pro-católicas para ver si comulgamos con ruedas de molino. Se afirma desde la izquierda, con resignación, esperando el día en que una reforma constitucional nos acerque al anhelado modelo francés. Y sin embargo, nadie puede precisar bien lo que significa. No es extraño. El derecho eclesiástico del Estado, que es el que regula la libertad religiosa (1), no es una disciplina que sobresalga por la claridad de sus conceptos. En medio de este marasmo voy a intentar terciar yo, a ver si nos aclaramos con el objeto del debate.

Como primera aproximación, podemos acudir al diccionario. La RAE nos dice que “aconfesional” y “laico” son sinónimos: el primer término significa “Que no pertenece ni está adscrito a ninguna confesión” y el segundo quiere decir “Independiente de cualquier organización o confesión religiosa”. Las diferencias son, como se ve, de matiz. En ambos casos se trata de adjetivos que denotan independencia de la religión. Aplicados al Estado, hablan de unas instituciones públicas separadas de lo confesional, que no reconocen de manera oficial ninguna religión. El opuesto de un Estado aconfesional o laico sería, por tanto, un Estado confesional.

Por supuesto, el diccionario no es un medio adecuado de definir conceptos técnicos. Sigamos, entonces, con los escritos de los eclesiasticistas. Y aquí es donde empezamos a patinar. Porque, por ejemplo, muchos consideran que hay una diferencia entre “laicismo” y “laicidad”: en ambos casos hablaríamos de un Estado sin religión oficial, pero el laicismo sería una postura beligerante, hostil o como mínimo indiferente hacia la religión (casi una especie de “ateísmo de Estado”) mientras que la laicidad valoraría de forma positiva el hecho religioso. El laicismo se vincula con un anticlericalismo más bien decimonónico, mientras que la laicidad sería la simple no sacralidad del Estado. En este sentido, no sería lo mismo un Estado “laico” (equiparable aquí a “aconfesional”: sin religión oficial) y un Estado “laicista” (que mira la religión con hostilidad).

Llegamos al quid de la cuestión. Aconfesional y laico son sinónimos, sí, pero un Estado no confesional puede adoptar muchas posiciones hacia la religión, desde su consideración positiva como un hecho sociológico que puede contribuir al bien común hasta su rechazo completo, pasando por cierta indiferencia. En esta escala, se tiende a usar el término “aconfesional” para las versiones más amables y complacientes con la religión, mientras que se prefiere “laico” o “laicista” para las que son más beligerantes. Es éste el sentido que hay que darle a la frase de que España es aconfesional y no laica. Hablamos de términos que tienen una honda significación histórica, por lo que las diferencias parecen mayores de lo que son.

Es precisamente por eso, por lo significativos que son los términos “aconfesional” y “laico”, que se decidió huir de ellos en el debate de la Constitución. La propuesta original del artículo 16.3 CE decía que “El Estado español no es confesional”, pero se modificó hasta que quedó la redacción actual: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”. Es una fórmula mucho más vendible, pero que en esencia significa lo mismo: separación de Iglesia y Estado y neutralidad religiosa por parte de éste. En ese sentido, se puede afirmar que el Estado español es laico.

Vale, tenemos un Estado laico o aconfesional, que lo mismo da. Pero ¿qué orientación tiene hacia las confesiones religiosas: positiva, indiferente o negativa? Parece claro que positiva. El artículo 16.3 CE, después de dejar clara la no confesionalidad del Estado, matiza: “Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. Es decir, no hay religión oficial pero se valora el hecho religioso como algo positivo y beneficioso y se manda al Estado que coopere con las confesiones mayoritarias.

Nuestro Estado laico está, por tanto, más cerca de lo que se suele llamar “aconfesionalidad” que del malvado y anticlerical laicismo (2). Ahora bien, eso no significa que todo valga. La Constitución no dice nada más que lo que he citado; más en concreto, no explica en qué tienen que plasmarse esas relaciones de colaboración entre el Estado y las confesiones mayoritarias. Por ejemplo, parece lógico dentro de este marco que se suscribieran convenios con las religiones más grandes para garantizar asistencia religiosa a personas privadas de libertad (enfermos en hospitales públicos, reos penitenciarios, militares en misión) o para cambiar días festivos de origen católico por otros distintos. Pero el resto de cuestiones son mucho más discutibles.

La Constitución no obliga a financiar de forma directa a la Iglesia católica, ni a conceder exenciones de impuestos a las confesiones religiosas, ni a mantener una red paralela de colegios religiosos con concierto económico, ni a introducir la asignatura de religión (católica o la que sea) en el currículo educativo, ni mucho menos a que el Gobierno mande una representación oficial a las procesiones u ordene bajar la bandera a media asta durante la Semana Santa. La Constitución solo obliga a cooperar. Todos estos actos, que los fans del catolicismo quieren hacer derivar de este deber de colaboración, van de lo innecesario a lo puramente inconstitucional según vulneren más o menos el principio básico, que sigue siendo la no confesionalidad del Estado.

Así pues, menos lobos. Para muchos, “aconfesional y no laico” quiere decir “privilegio católico”, y ya no cuela. El catolicismo sigue siendo la religión más extendida de este país, pero la capacidad de sus sacerdotes de influir en la gente está en franca decadencia. Si aún aguanta como mayoritario en las encuestas es porque nos hemos inventado la cómoda categoría de “no practicante”, que viene a significar una persona que no va a misa, no cree en la mayoría de los dogmas, pasa del papa e incluso puede que no crea en Dios pero que se identifica como católico por razones culturales. Cada vez tienen menos lógica sus privilegios.

En este sentido, y como ya he comentado alguna vez, la respuesta del Estado no es reducir esos privilegios, sino aumentar los de las demás confesiones. La carambola es que a lo mejor así se consigue un modelo similar al que querían los constituyentes. El problema es, claro, que a muchos ese modelo no nos convence y preferiríamos un Estado que fuera más indiferente hacia la religión, que no la persiguiera pero que desde luego no la valorara como un hecho positivo. No quiero que se quemen iglesias, pero sí que las confesiones sean financiadas por sus fieles y que no tengan asignaturas en el sistema educativo público. Y ojo, que algo así podría implementarse dentro del marco del actual artículo 16.3 CE, pues ya hemos visto que es un precepto muy poco concreto, que no obliga a ningún acto determinado.

En resumen, la contraposición entre aconfesional y laico no tiene demasiado sentido. En ambos casos hablamos de un Estado que no tiene religión oficial, aunque se suele usar el primer término para aquellos que miran la religión de forma positiva y el segundo para quienes la contemplan con hostilidad. En España lo que tenemos es algo que formalmente se inclinaba hacia esta contemplación positiva del hecho religioso, pero que materialmente implicaba un privilegio católico importante. El descenso a la irrelevancia de la religión católica ha hecho que estos privilegios se extiendan a otras confesiones, pero en realidad no es necesario: sin cambiar una coma de la Constitución se podrían reducir los puntos de contacto entre el Estado y las religiones y acabar con ese incómodo olor a incienso que parece permearlo todo.

Sería tan bonito…





 (1) No confundir con el derecho canónico, que es el derecho interno de la Iglesia católica.

(2) Como curiosidad, tengo aquí delante el manual de Derecho Eclesiástico del Estado de Antonio Martínez Blanco, que aparte de ser de 1994 tiene un tufo a clerigalla que tira para atrás. Cita a diversos autores, que definen el régimen constitucional actual con expresiones tan pintorescas como “sana laicidad”, “laicidad con la cooperación suo modo entre las confesiones religiosas y el Estado”, “neutralidad confesional matizada con vínculos de cooperación” e incluso “laicidad respetuosamente neutral”.


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martes, 17 de abril de 2018

La Constitución de 1931, esa gran desconocida


Hace unos días celebrábamos el 82º aniversario de la proclamación de la II República. Es una fecha que a muchos nos llena de nostalgia por un régimen que nació lleno de esperanza y que se truncó tras una rebelión militar fruto de la cual es el sistema en el que vivimos ahora. Sí, difícil no ponerse melancólico. Por ello desde la izquierda se intenta crear (con escaso éxito) una conciencia republicana que nos lleve a la Tercera; también se estudia la Segunda para saber dónde fracasó y por qué se hundió.

Uno de los puntos más importantes de todo régimen es su Constitución. Sin embargo, la de la II República no es muy conocida. Por ello, esta entrada busca ser una especie de repositorio de aquellos puntos más destacados (por avanzados, progresistas o incluso curiosos) del texto constitucional de 1931. No es un análisis doctrinal, sino una sección de curiosidades que busca acercar al público esta norma tan peculiar. Quiero centrarme también en cosas en las que considero la Constitución de 1931 más avanzada que la que tenemos ahora.

Una Constitución siempre refleja la ideología de los actores que la aprobaron. Así, la de 1812 es liberal-progresista, la de 1837 también pero menos, la de 1845 es conservadora, la de 1869 demócrata y las de 1876 y 1978 pretenden ser de consenso. La de 1931, por su parte, fue aprobada por un Parlamento formado casi en su mayoría por grupos de izquierda. La verdad es que se nota. Se trata, eso sí, de una izquierda no comunista, sino más bien socialista (el PSOE, con 115 escaños de 470, era el partido más grande de las Constituyentes) y, sobre todo, burguesa.

Esos ideales de izquierda moderada están presentes en todo el texto: como veremos se habla de protección a los trabajadores, medidas democráticas, garantías de los derechos fundamentales, etc. Sin embargo, y al contrario de lo que se suele decir, no es una Constitución que impida gobernar a las derechas. De hecho, éstas lo hicieron durante más de dos años. En ese sentido, quizás los principales problemas legales de la República no estuvieron tanto en la Constitución como en normas inferiores; por ejemplo, el tener un sistema electoral que permitiera bandazos tan importantes como el que se dio desde 1931 hasta 1933 no ayudó nada a la estabilidad del régimen.

Vamos a ver, por tanto, los puntos más interesantes de esa vieja desconocida:

Definición del Estado, indefinición de la forma de Gobierno (artículo 1)
El artículo 1 define a España como “una república de trabajadores de todas clases”. Es una definición curiosa, que entronca directamente con ese carácter social que tiene este texto fundamental. Parece ser que fue una propuesta del PSOE y de los sindicatos. En consonancia con este carácter “laboral” de la república, se dedican los artículos 46 y 47 a proteger al trabajador: en esos dos preceptos se habla de regular la jornada, el salario y las vacaciones; de establecer una seguridad social y de protección especial para campesinos y pescadores.

Frente a esta terminología tan rotunda, resulta curiosa la indefinición en que queda la forma de Gobierno. Bien, España es una república democrática, pero ¿parlamentaria, semipresidencialista o presidencialista? La Constitución nada dice al respecto (1). Podemos descartar el presidencialismo con toda facilidad; la Constitución de 1931 establece que el jefe de Estado (presidente de la República) y el jefe de Gobierno (presidente del Consejo de Ministros) son personas distintas.

Pero entre semipresidencialismo y parlamentarismo no resulta fácil elegir. Por un lado, el presidente de la República estaba configurado como una figura de importancia constitucional, no como un mero elemento decorativo: nombraba libremente al presidente del Gobierno y podía oponerse a firmar decretos que creyera ilegales, por ejemplo. Este rasgo aleja al régimen del parlamentarismo. Pero por el otro, el presidente de la República no era elegido por sufragio popular (como se hacía, por ejemplo, en la república de Weimar, régimen semipresidencial por antonomasia en la época) sino por una asamblea formada por los diputados y por el mismo número de compromisarios elegidos al efecto.

Al final, podemos definir la forma de Gobierno de la II República española como una forma de semipresidencialismo similar a la que había entonces en Francia: un presidente de la república con un poder constitucional notorio pero que no era elegido directamente por el pueblo.

Laicismo (artículo 3)
La II República se tomó muy en serio la aconfesionalidad del Estado. Sin embargo, llama la atención que la fórmula seguida por el constituyente republicano en su artículo 3 (“El Estado español no tiene religión oficial”) sea casi idéntica a la redacción de la Constitución de 1978 (“Ninguna religión tendrá carácter estatal”). Y digo que llama la atención porque es curioso cómo, a partir de palabras tan similares, pueden derivarse enfoques tan distintos hacia la religión.

Así, el artículo 3 debe leerse en coordinación con los artículos 26 y 27, que son los que contienen toda la carga de hostilidad y desconfianza hacia las religiones que se suele achacar a la II República. Estos artículos incluían desde medidas liberalizadoras lógicas (extinción del presupuesto del clero, sumisión de las órdenes religiosas a la legislación tributaria, cementerios civiles) hasta disposiciones que difícilmente pueden ser justificadas en términos democráticos: aquí hablo de disolución de los jesuitas, prohibición de que las órdenes religiosas ejerzan el comercio o la enseñanza, régimen agravado de reunión y asociación, etc.

Renuncia a la guerra (artículo 6)
El artículo 6 declara que “España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional”. Es, que yo sepa, el único país que constitucionalizó las previsiones del pacto Briand-Kellogg, un tratado internacional firmado por unos 70 países en el que se condenaba la guerra, se desistía de su uso como herramienta política y se afirmaba el principio de solución pacífica de conflictos. Este pacto se juzga a veces como algo inútil (fue firmado en plena paz y no impidió que apenas diez años después estallara la Segunda Guerra Mundial) pero es el antecesor del artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas.

Estado integral con regiones autónomas (artículos 8 a 22)
La fórmula adoptada por el constituyente de 1931 para resolver el “problema catalán” fue la del llamado “Estado integral”. Se trataba de un Estado centralizado pero que concedía autonomía a ciertas regiones con hechos diferenciales marcados. ¿Por qué lo menciono? Porque este régimen influyó mucho en la Constitución italiana de posguerra, que fue a su vez uno de los inspiradores del constituyente español de 1978. En otras palabras: el sistema de autonomías actual es heredero (bien que por vía indirecta) del creado en la Constitución republicana.

Igualdad (artículo 25)
La Constitución de 1931 incluía varias menciones a la igualdad. Para empezar, declaraba en su artículo 2 que “Todos los españoles son iguales ante la ley”. De forma algo reiterativa, lo volvía a decir en el artículo 25, que tenía la importancia simbólica de ser el primer artículo del Título sobre derechos y deberes: “No podrán ser fundamentos de privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas”. En ejercicio de esta igualdad, abolía los títulos de nobleza.

Además, la igualdad entre mujeres y hombres se mencionaba otra buena cantidad de veces: para los derechos electorales (artículo 36), para el acceso al funcionariado (artículo 40), para la igualdad entre cónyuges (artículo 43) y para la candidatura a diputado (artículo 53). Como sabemos, el debate del artículo 36 (si se concedía o no el voto a las mujeres) fue uno de los más enconados del proyecto constitucional. Los otros ámbitos no se discutieron tanto, o incluso se aceptaron sin más; nadie tenía problema, por ejemplo, en reconocerles a las mujeres el derecho a ser elegidas diputadas.

Por último, un apunte curioso: declaraba la igualdad de todos los hijos en relación a los deberes de sus padres hacia ellos. De hecho, prohibía que en los documentos oficiales constara el estado civil de los padres o la terminología de “legítimo / ilegítimo” (artículo 43); la propia Constitución predicaba con el ejemplo al usar la expresión “hijos habidos fuera del matrimonio”. Era la primera vez que esta igualdad se declaraba en un texto constitucional español.

Divorcio (artículo 43)
Dentro del extenso apartado dedicado a derechos sociales (una innovación en sí misma), me llama la atención que se constitucionaliza el derecho al divorcio en casos de mutuo acuerdo o con justa causa. Es un texto más avanzado que el de la Constitución actual, que se limita a decir que el legislador regulará “las causas de separación y disolución”. Así, bajo la Constitución de 1978 subsistió durante más de veinte años una regulación del divorcio que obligaba a una separación previa y que no permitía la disolución del vínculo matrimonial de mutuo acuerdo.

Unicameralismo (artículo 51)
La Constitución de 1931 establece un Parlamento de una sola Cámara, el Congreso de los Diputados. Rompe así con una asentada tradición de nuestro constitucionalismo, que empezó en el Estatuto Real de 1834: la de que el Parlamento se formara por dos Cámaras o, como se las llamaba en las distintas Constituciones, “cuerpos colegisladores”.

Sin embargo, prescindir del Senado era una decisión relativamente lógica en una Constitución parida por un grupo de liberales de izquierda. De forma tradicional, el liberalismo hablaba de una única Cámara que representara a la nación. Las primeras Constituciones liberales europeas (por ejemplo, la española de 1812) establecían este sistema. Si luego se introdujo el Senado fue para frenar posibles excesos revolucionarios de la Cámara Baja y por la influencia del llamado “liberalismo doctrinario”, según la cual la nación y el rey eran soberanos en pie de igualdad y cada uno de ellos tenía derecho a elegir a una de las dos Cámaras del Parlamento.

Abolida la monarquía y rechazado el miedo a los “excesos revolucionarios”, establecer un Parlamento de una sola Cámara era una idea lógica. Además, al fundarse un Estado unitario y centralista salvo por la autonomía de dos o tres regiones, ni siquiera cabía concebir el Senado como una Cámara de representación territorial, como hace hoy nuestra Constitución o como hacía en su época EE.UU.

Moción de censura parcial (artículo 64)
La Constitución republicana permitía al Parlamento votar una moción de censura contra un ministro concreto, al contrario que la Constitución actual, que solo permite aprobarlas contra el Gobierno en pleno. Esto facilita sin duda el control de la acción gubernamental. Me falta, eso sí, alguna referencia a que el presidente de la República no puede volver a nombrar ministro al destituido hasta que no pase un tiempo.

Referéndum e ILP (artículo 66)
El artículo 66 establecía dos mecanismos de participación democrática de lo más novedosos. El primero lo tenemos en nuestra Constitución actual, y consiste en la iniciativa legislativa popular. El segundo no está en nuestro sistema: se trata de la realización de referendos sobre leyes concretas una vez aprobadas en Cortes.

Para activar ambos mecanismos era necesario que lo pidieran el 15% del censo electoral, un número quizá demasiado elevado para que fueran efectivos.

Frenos y contrapesos (artículos 81 y 82)
Frente a esa idea de que la II República era una especie de Convención jacobina donde todo el poder lo tenía el Parlamento, la Constitución incluye una buena cantidad de frenos y contrapesos. He querido destacar dos, que se contienen en dos preceptos sucesivos.

El artículo 81 regula el control que ejerce el presidente de la República sobre las Cortes. En la Constitución se prevén unas Cortes reunidas durante cinco meses al año repartidos en dos periodos: pues bien, el artículo 81 permite al presidente convocar al Congreso fuera de estos periodos o suspender las sesiones ordinarias durante un tiempo.

Además, le permite disolver las Cortes, mandando convocar elecciones en el momento. Puede hacerlo dos veces durante su presidencia (que duraba seis años); si efectivamente decreta una segunda disolución, las Cortes surgidas de esas elecciones deben votar sobre la necesidad de disolver las anteriores. Si el voto es desfavorable al presidente, éste debe dimitir. Este mecanismo, que parece muy alambicado, se utilizó en 1936 para destituir a Alcalá Zamora. Éste, efectivamente, había disuelto las Cortes dos veces: en 1933 y en 1936. Lo que dijeron los partidarios de Alcalá Zamora fue que la primera disolución no contaba porque las Cortes disueltas eran constituyentes, y lo lógico habría sido disolverlas una vez aprobada la Constitución. No coló.

Por su parte, el artículo 82 regula el control que ejercen las Cortes sobre el presidente de la República. En cualquier momento el Congreso, por mayoría de tres quintos, puede iniciar el trámite para destituir al presidente. Entonces se convocan elecciones a compromisarios y se forma una asamblea con tantos compromisarios como diputados: éste era el medio ordinario por el cual se elegía presidente. Será esa asamblea quien decida si destituye al presidente (en cuyo caso elige a uno nuevo) o si lo mantiene (en cuyo caso queda disuelto el Congreso). Es evidente que se trata de una medida de último nivel, prevista solo para casos graves.

Tribunal Constitucional (artículo 121)
La existencia de un Tribunal Constitucional (un organismo jurisdiccional que vigilara que las leyes son acordes a la Constitución) era en 1931 bastante novedosa. Había sido postulada por Hans Kelsen en los años anteriores, y solo unos pocos países lo habían adoptado; España fue uno de ellos. Además, la Constitución le dio a este órgano la función de mediar entre el Estado y las regiones, la capacidad de resolver el recurso de amparo por vulneración de las garantías individuales y el juicio penal sobre el presidente de la República, los miembros del Gobierno y los del Tribunal Supremo.

Lo más curioso de este tribunal era sin duda su composición: un presidente designado por las Cortes, el presidente del Consejo de Estado, el del Tribunal de Cuentas, dos diputados, un representante de cada región (aunque no fuera autónoma), dos abogados y cuatro profesores de Derecho. Es decir, que había una composición mayoritaria de políticos, que no tienen por qué ser profesionales del Derecho. Esto aleja un poco del modelo kelseniano al así llamado Tribunal de Garantías Constitucionales.


Espero que este artículo haya servido para haceros conocer mejor la Constitución de 1931. Porque no es ni una norma caótica y disfuncional ni una ley perfecta; se trata simplemente de una construcción del intelecto humano dada en unas circunstancias muy concretas y que pretendía regir sobre una república que terminó demasiado pronto.





(1) Esto no es un defecto de la Constitución de 1931, sino algo común en nuestro constitucionalismo hasta ese momento. La más cercana a definir la forma de Gobierno era la de 1812, que hablaba de una “monarquía moderada hereditaria”. Ninguna de nuestras Constituciones previas había usado los términos “monarquía constitucional” o “parlamentaria”.




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viernes, 13 de abril de 2018

Desconcierto


La educación concertada me repugna. Es un problema de principios: no me parece bien que se dedique dinero de nuestros impuestos a garantizar los beneficios de empresas privadas (muchas de las cuales tienen además un marcado carácter adoctrinador) en vez de a mejorar un sistema público que tiene una carencia de medios perpetua. Pero es que, más allá de la cuestión ideológica, está el tema de las consecuencias prácticas.

El otro día leía a una profesora particular hablar sobre la diferencia entre los alumnos de la privada y los de la pública. No es que la pública sea la panacea, claro, pero los alumnos de la privada parecen estar en una extraña cámara de eco. En el caso concreto mencionado, se trataba de que los de la privada ni siquiera conocían el concepto “homofobia”. No es la primera vez que veo esta diferencia (yo mismo tengo experiencia como profesor particular) o que amigos míos que sufrieron la concertada me cuentan el cambio que fue pasar a la pública.

Esta anécdota me ha hecho volver a pensar en el tema de la educación obligatoria. Al fin y al cabo, ¿por qué los Estados democráticos instauran un servicio público consistente en una red de colegios e institutos? ¿Por qué se regula la educación como un derecho fundamental? ¿Por qué se establece la escolaridad obligatoria hasta los 16 años? A mi entender, se buscan dos objetivos. El primero es la igualdad de oportunidades: debe garantizarse que todo el mundo va a llegar a la edad adulta con una serie de conocimientos necesarios para manejarse en la vida y para acceder a niveles superiores de educación. El segundo es de cohesión social: se busca mostrar a los estudiantes una serie de valores (libertad, igualdad, respeto, solidaridad, civismo etc.) para mejorar la calidad democrática de la sociedad.

Esa y no otra es la función de la educación pública: transmitir una serie básica de conocimientos y de valores con el fin último de fomentar una ciudadanía igualitaria y democrática. Todo lo que esté más allá de esto, es una excentricidad que el Estado no debería asumir. ¿Quieres que tu criatura vaya al Colegio de los Padres Profesorios, que es muy prestigioso? ¿Deseas que vaya a un instituto propiedad de una fundación laica donde se aplica una metodología innovadora y sin deberes? Adelante, nadie te lo impide: haz la matrícula. Pero si no puedes pagarlo, el Estado no tiene la obligación de garantizártelo, igual que no tiene por qué garantizarte que tu retoño reciba clases de parapente.

Se podría contraargumentar que el modelo mixto (en el que conviven centros públicos y centros privados con concierto económico) es simplemente otra forma de garantizar que todo el mundo reciba esa formación mínima. Es lo que suelen decir los defensores del sistema español, que salpican esta idea con la afirmación de que los concertados “ahorran dinero” al Estado. Yo no voy a hablar del tema económico (1), sino de la idea de que el modelo mixto es equivalente al público. Y lo voy a hacer teniendo en cuenta la realidad española, en la que una abrumadora mayoría de colegios e institutos concertados son de carácter religioso católico: se habla de un 63% del total de centros privados.

Por el lado de los conocimientos, es obvio que no son los mismos los requisitos para acceder como profesor a la enseñanza pública que a la privada. No hablo del Máster de Acceso al Profesorado, sino de una oposición al final de la cual el profesor está encuadrado en una especialidad que solo le permite dar determinadas materias. En un centro privado, se contrata a quien quiere la dirección (sea mejor o peor docente) y no hay nada que impida poner a un geólogo a dar la asignatura de Física o, estirándolo mucho, la de Matemáticas. Sí, es cierto que hay centros que lo hacen bien, pero nada impide que los que lo hacen mal sigan considerándose colegios prestigiosos y merecedores de concierto.

Pero el principal problema que le veo a la educación concertada no va por la pata de los conocimientos, sino por la de los valores. Por decirlo mal y pronto, poner a curas y monjas a dirigir una educación que pretenda impartir valores democráticos es una mala idea lo mires por donde lo mires. Los centros católicos son lugares de adoctrinamiento: las órdenes religiosas no fundan colegios porque estén muy comprometidas con la educación, sino para captar vocaciones. El efecto “cámara de eco” del que hablaba más arriba genera un entorno contraproducente para llevar a cabo una educación en valores. ¿Cómo vas a educar a nadie en el respeto al otro si estás en una institución con una ideología oficial que aplasta cualquier discurso contradictorio? ¿De qué manera van a aprender tus alumnos a tratar con la diversidad si en tus aulas se tiende a la homogeneidad?

Porque esa es otra. Después de años en el sistema mixto, parece que lo que está cristalizando es una educación en tres niveles: las clases altas van a colegios privados sin concierto, la llamada “clase media” (es decir, trabajadores con ínfulas) va a colegios privados con concierto y los colegios públicos quedan para el resto. Hablo de inmigrantes, hablo de hijos de familias con poco dinero, hablo de alumnado con necesidades especiales y de todos esos estudiantes que, según una expresión que odio pero que se repite mucho, “bajan el nivel” (2). La mayoría están en el sistema público porque los concertados, como buenas empresas privadas que son, deciden a quiénes quieren de clientes (3).

Así que no, ni en conocimientos ni en transmisión de valores destaca la enseñanza concertada (4). Al final, el único argumento que tienen sus defensores es ese presunto “derecho a elegir”, que se interpreta como “derecho a que el Estado me subvencione el centro de mi preferencia”. Y no, mira. La creación de una red paralela de centros concertados es una decisión del legislador, mantenida más por razones ideológicas que de eficiencia (hay mucha más concertada en comunidades “del PP” que en comunidades “del PSOE), pero que podría suprimirse mañana mismo sin que se vieran afectados los derechos de nadie. El derecho a elegir centro es una facultad de configuración legal, que cede ante derechos fundamentales como el de educación.

¿Y qué pasa con el derecho de los padres a educar a sus hijos en sus propios valores morales y religiosos? Ese derecho sí está en la Constitución, pero se suele hacer de él una interpretación inflada: se hincha hasta convertirse en el derecho a que nadie más que yo transmita valores morales a mi hijo. Así transformado, se usa como arma para defenderse de una amplia variedad de materias, desde la educación sexual hasta la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Y es también la base de la exigencia de que me paguen el colegio que yo quiera. Por supuesto, en España la mayoría de padres son indiferentes en materia religiosa; solo esgrimen el derecho para poder sacar a sus hijos de la pública a bajo coste y meterlos en centros donde no estén esos “alumnos que bajan el nivel”.

En realidad ese derecho no tiene esa interpretación, claro. Si lo hinchas tanto se come todo lo demás. Los padres pueden transmitir a su prole sus propios valores, de acuerdo, pero nada más. Tienen que aceptar que no son los únicos actores en la formación ética de una criatura en crecimiento, y también que la protección estatal que debe brindarse a todo derecho no lo abarca todo. Si de verdad quieres darle a tu hijo una formación moral católica, estoy seguro de que en tu parroquia te sabrán orientar hacia recursos apropiados a tu situación económica. Pero exigir una red de centros religiosos paralela a las instituciones públicas es pasarse.

Suprimir los conciertos educativos va siendo una necesidad acuciante, antes de que cristalice esta tripartición social de la que hablaba más arriba. Puede que históricamente sí que fueran necesarios, dado el déficit de inversión que había en este tema, pero hoy en día la educación pública está en condiciones de asumir a la totalidad del alumnado. No tenemos ninguna necesidad de seguir subvencionando a proselitistas religiosos y a empresarios de la educación: con ello no se garantiza ningún derecho y sí se merma el más importante, el que debiera estar en el centro de todo y sin el cual apenas se pueden ejercitar los demás: el derecho a una educación de calidad.







(1) Aunque no me resisto a preguntarme de dónde sale el ahorro. Es decir, si es verdad que el Estado paga una cantidad menor en concepto de concierto de lo que pagaría si gestionara directamente ese centro, ¿cómo repercute esta reducción en los salarios del personal y en los gastos de mantenimiento? Sobre todo si tenemos en cuenta que el centro concertado es una empresa que busca sacar beneficio.

(2) Según el artículo enlazado más arriba, un escalofriante 82% de alumnos con necesidades especiales está en la pública.

(3) La educación concertada es gratuita, pero ya se encargan los colegios de que esa gratuidad no sea real: solicitudes de aportaciones “voluntarias”, afiliaciones más o menos forzosas al AMPA, uniformes que hay que comprar en un lugar determinado, etc. Se trata de una forma eficaz y oculta de discriminar.

(4) No soy yo mucho de comparar países, pero no puedo evitar pensar que si los mejores en calidad educativa apuestan por la pública por algo será. Parece que, en Europa, solo Bélgica y Malta tienen más porcentaje de alumnos que España en centros privados.


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lunes, 9 de abril de 2018

La huelga: preguntas más frecuentes


Ya hablé sobre la huelga en una entrada anterior: expliqué qué es y por qué está protegido por la ley. Sin embargo, el ejercicio de este derecho suscita a veces muchas dudas. El objetivo de esta pequeña guía es responder a las más comunes.



Definiciones

¿Qué es la huelga?
Podemos definir una huelga como una acción colectiva destinada a paralizar o ralentizar el proceso productivo de una o varias empresas con el objetivo de defender los derechos de los trabajadores. El artículo 28.2 de la Constitución declara que la huelga es un derecho fundamental.

¿Qué es una huelga general?
Una huelga general es aquella que afecta a toda una zona geográfica, normalmente al territorio nacional. En otras palabras, que no aspira a paralizar una empresa o un sector concreto, sino toda la actividad productiva de un territorio. Lo más común es que estas huelgas tengan reivindicaciones de política laboral que se dirijan más a las autoridades públicas que a los empresarios.

¿Cómo está regulada la huelga?
La huelga, como derecho fundamental que es, debería estar regulada por una Ley Orgánica. Sin embargo, esa Ley Orgánica no se ha hecho, y la norma que regula la huelga es el Real Decreto-Ley 17/1977, que es preconstitucional. La sentencia del Tribunal Constitucional 11/1981 depuró este decreto de elementos inconstitucionales, pero aun así estamos ante una regulación vieja e incompleta.

En esta lista de preguntas y respuestas me referiré al Real Decreto-Ley 17/1977 con las siglas DLH.

¿Qué tipos de huelga hay?
En general, la huelga más común es la que consiste en la simple y llana inasistencia al trabajo. Es el concepto que maneja el artículo 7 DLH. Sin embargo, existen otras opciones:
  • Huelga de celo, en la cual los trabajadores van a trabajar pero lo hacen cumpliendo de forma escrupulosa todos los reglamentos, con lo que el trabajo se atasca. Es la que hicieron en 2017 los trabajadores de Eulen en El Prat.
  • Huelga rotatoria, en la cual no se para toda la empresa a la vez, sino que se van deteniendo de forma sucesiva distintos departamentos o centros de trabajo.
  • Huelga con ocupación del lugar de trabajo o de brazos caídos, en la cual los trabajadores van a su centro de trabajo pero no trabajan, con lo que obligan al empresario a gastar en suministros.


En principio, el artículo 7 DLH prohíbe toda modalidad de huelga que no consista en la mera inasistencia al trabajo, pero la jurisprudencia ha ido flexibilizando este requisito. Por ejemplo, la huelga con ocupación estará permitida siempre y cuando el ingreso al centro de trabajo no haya sido ilegal o el trabajador no se haya negado a abandonar el puesto cuando el empresario se lo haya ordenado.

¿Qué es la huelga a la japonesa?
La huelga a la japonesa es aquella en la que, en vez de parar o ralentizar la producción, se realiza de forma acelerada con el objetivo de aumentar los costes del empresario en suministros y almacenamiento. Solo hay un problema: que es un bulo creado en España a saber en qué momento. Fuera de nuestro país no existe el concepto, y desde luego en Japón hacen huelgas normales.

¿Cuánto dura una huelga?
Una huelga dura el tiempo que decidan sus convocantes. En casos de huelga general, lo común es que dure una jornada de trabajo completa. En casos de huelgas sectoriales o de empresa, sí puede durar el tiempo necesario para que la empresa se avenga a negociar. Otro sistema es hacer huelgas que duren menos tiempo que una jornada laboral (paros de dos o tres horas en momentos de máxima afluencia), con el fin de continuar la lucha a un coste menor.

Hay casos donde el Gobierno puede decretar el final de la huelga mediante la imposición de un arbitraje obligatorio. Los árbitros, por supuesto, deben ser neutrales.


Sujetos

¿Quién tiene derecho a huelga?
La Constitución reconoce el derecho a la huelga de todos los trabajadores. Sin embargo, este derecho se considera parte de la libertad sindical, y hay trabajadores a los que la ley no les reconoce esta libertad o se la reconoce de forma limitada. Más en concreto, carecen de libertad sindical los jueces, magistrados y fiscales (no constituyen sindicatos, sino asociaciones), así como los miembros de las Fuerzas Armadas. En cuanto a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tienen libertad sindical pero no derecho de huelga.

Salvo que estés en esos casos, tienes derecho a sumarte a cualquier huelga que se convoque en tu centro de trabajo, empresa o sector profesional, así como a cualquier huelga general. No es necesario que seas representante de los trabajadores, no es necesario que estés afiliado a un sindicato, no es necesario nada: si se convoca una huelga que afecta a tu centro de trabajo, puedes sumarte.

Por cierto, tampoco es posible convocar una huelga solo para algunos de los trabajadores afectados (solo de mujeres, solo de hombres, solo de personas blancas, solo de homosexuales…). En la pasada huelga feminista del 8M se animaba a que solo hicieran huelga las mujeres, pero legalmente era una huelga general igual que cualquier otra, a la que podía sumarse todo el mundo.

¿Y qué pasa con los autónomos?
Los trabajadores autónomos no tienen derecho a la huelga, porque a efectos legales son empresarios y no trabajadores. Eso quiere decir, por ejemplo, que si un autónomo tiene que entregarle un producto a un cliente en un día de huelga general, no podrá negarse alegando dicha situación de huelga.

Sin embargo, alguien que esté en situación de falso autónomo (le han obligado a darse de alta como autónomo pero trabaja bajo la dirección y órdenes de su supuesto cliente, que en realidad actúa como un empresario al uso) tiene pleno derecho a hacer huelga porque materialmente es un trabajador. Así lo han hecho, por ejemplo, los riders de Deliveroo.

¿Y qué pasa con los becarios?
No está nada claro si los becarios tienen derecho a hacer huelga. Uno de los problemas es que bajo el término “becario” subyacen varias realidades. En primer lugar, se suele llamar “becario” a aquella persona contratada por la empresa mediante un contrato de prácticas o de formación. Estos becarios son sin lugar a dudas trabajadores (están vinculados a la empresa mediante un contrato laboral), y por tanto tienen derecho a huelga.

Pero ¿qué pasa con quien está en prácticas curriculares? Hablamos de aquella persona que hace prácticas en una empresa dentro de su formación reglada mediante un convenio con su centro de estudios. O peor aún, ¿y los que están en prácticas extracurriculares? Aquí incluimos las prácticas que no dependen de un convenio con el centro educativo, sino que son iniciativa de la empresa… y que muchas veces, más que formación, son una cobertura jurídica para tener trabajadores baratos. Porque ésa es otra: las prácticas, sean curriculares o extracurriculares, pueden o no tener una remuneración. ¿Y las prácticas en empresas orientadas a desempleados, donde directamente no se reciben salarios sino ayudas públicas?

A mi entender, la casuística es demasiado amplia como para dar una respuesta única. Si la beca encubre una relación laboral (es decir, si el supuesto becario lo que hace es realizar una labor indistinguible del de un trabajador contratado, sin que la finalidad formativa aparezca por ninguna parte), estamos ante un verdadero trabajador con todos sus derechos colectivos, incluido el de huelga. Pero si la beca es de verdad (tiene realmente un contenido formativo), y sobre todo si no es remunerada, no podríamos hablar de derecho a la huelga: al fin y al cabo, éste es un instrumento para la defensa de la posición de los trabajadores en una situación laboral, y aquí no hay una situación laboral sino de formación.

¿Y qué pasa con los estudiantes?
En principio, los estudiantes no tienen derecho a huelga porque no son trabajadores. El artículo 28.2 de la Constitución no les cubre. Sin embargo, la Ley Orgánica del Derecho a la Educación les reconoce en el artículo 8.2 un derecho similar: a partir de 3º de la ESO, las decisiones colectivas que adopten los alumnos con respecto a la asistencia a clase no se considerarán falta sancionable.

En otras palabras, los estudiantes no tienen derecho a la huelga reconocido en la Constitución, pero sí pueden hacer una especie de “huelga impropia” porque se lo permite la ley.


Ejercicio del derecho

¿Cómo se convoca una huelga?
Hay tres sujetos que pueden declarar una huelga: los propios trabajadores en asamblea, sus representantes (Comités de Empresa y delegados de Personal) y los sindicatos que tengan implantación en el ámbito laboral al que se extienda la huelga. Como es lógico, los dos primeros sujetos actúan sobre todo en huelgas de empresa y el último tiene más peso en huelgas sectoriales o nacionales.

Una vez decidida la convocatoria de huelga, hay que comunicarla al empresario y a la autoridad laboral con cinco días de antelación, o diez en el caso de que se trate de servicios públicos. Sin embargo, las huelgas generales o sectoriales, al ser notorias, no es necesario comunicarlas a cada empresario afectado.

Para la gestión de la huelga se constituye un comité de huelga de hasta doce personas.

¿Tengo que comunicar que voy a hacer huelga?
No, en absoluto. El día de la huelga puedes limitarte a no ir a tu trabajo, sin necesidad de preaviso ninguno. Cualquier exigencia que te haga el empresario en ese sentido es ilegal.

¿Qué consecuencias tiene hacer huelga?
Hacer huelga solo puede tener una consecuencia: que pierdes la parte del salario mensual proporcional al tiempo que pares. Es lógico; la ley declara que durante la huelga los contratos de trabajo quedan suspendidos, por lo que el empleado no tiene la obligación de trabajar ni el empresario tiene la de pagar el salario. Eso significa también que no se cotiza a la Seguridad Social por ese tiempo.

Aparte de eso, hacer huelga no puede tener ninguna otra consecuencia: no se te puede sancionar por el hecho de acogerte a este derecho fundamental, no se pueden computar los días de huelga a la hora de realizar un despido objetivo por inasistencia, etc. Por supuesto, si durante la huelga cometes alguna infracción laboral sí se te podrá sancionar.

¿Qué es una caja de resistencia?
Una caja de resistencia es un mecanismo de solidaridad obrera, por la cual se dona dinero a trabajadores huelguistas, con el fin de que el sacrificio económico de éstos sea menor. Es especialmente útil ante huelgas largas. Normalmente las gestionan los sindicatos convocantes: habla con ellos si quieres aportar o si crees que vas a necesitarla.

¿Qué es un piquete?
Un piquete es un punto de información sobre la huelga. Los piquetes son legales: pueden repartir panfletos, gritar consignas, informar de los motivos de la huelga, captar fondos para las cajas de resistencia, etc. Como es lógico, deben actuar sin coacción.

¿Qué es un esquirol?
En sentido amplio, se utiliza el término “esquirol” para insultar a todo trabajador que no se suma a la huelga. En sentido estricto, el esquirolaje es la sustitución de los huelguistas por parte de personal contratado al efecto (esquirolaje externo) o de los propios empleados de la empresa (esquirolaje interno). Es decir, que el esquirolaje es un acto del empresario, no del trabajador.

El esquirolaje está prohibido, tanto el externo como el interno. Es lógico, puesto que frustra la finalidad de la huelga. Se considera una infracción muy grave (artículo 8.10 LISOS), lo que implica multas de entre 6.000 y 187.000 € dependiendo de la gravedad de la conducta del empresario.
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¿Y qué pasa con el derecho al trabajo?
Por supuesto, los trabajadores que deciden no sumarse a la huelga tienen pleno derecho a tomar esa decisión. Eso sí, no pueden esperar que su derecho al trabajo no quede condicionado por las decisiones de los huelguistas. Por ejemplo, si hace huelga el que está antes que tú en el proceso productivo y por esa razón tú no puedes terminar tu trabajo en el plazo previsto, no hay mucho que le puedas hacer. Otro caso: si tu empresa se organiza por equipos, en tu equipo hacen huelga tres personas y debido a eso no llegáis al incentivo. En definitiva, nadie te obliga a hacer huelga, pero tienes que asumir que la huelga puede afectar a tu trabajo.

¿Pueden obligarme a prestar servicios mínimos?
Existen determinados servicios que se consideran “esenciales para la comunidad”. No hay una lista tasada, pero el Tribunal Constitucional ha dado la idea de que son aquellos servicios que permiten ejercer derechos fundamentales. Algunos casos podrían ser la sanidad, el transporte público, la enseñanza, los bomberos o los aeropuertos. Como es obvio, estos servicios no pueden parar por completo, porque las consecuencias serían gravísimas.

Para ello, el Estado tiene una serie de potestades. La menos incisiva de todas ellas es la fijación de unos servicios mínimos, normalmente expresados en términos de porcentaje, que determinan hasta qué punto el servicio esencial se va a ver afectado por la huelga. La idea es llegar a un punto intermedio: que el servicio se preste de forma parcial, ni con la normalidad propia de un día sin huelga ni con el colapso que sería una huelga total. Una vez fijados los servicios mínimos, la tarea de designar a los concretos trabajadores que han de prestarlos puede delegarse tanto en el empresario como en los sindicatos convocantes. Por supuesto, si la Administración no fija servicios mínimos, todo el mundo puede hacer huelga.

Sin embargo, hay un problema. Ya hemos dicho que es la Administración, como supuesto decisor neutral, la que fija los servicios mínimos. Sin embargo, esta clase de servicios esenciales para la comunidad suelen ser públicos, por lo que la Administración no es un elemento imparcial, sino el jefe contra quien se hace la huelga. Eso es lo que lleva a veces a situaciones tan absurdas como la fijación de unos servicios mínimos del 100%.

Los servicios mínimos se pueden impugnar, pero mientras estén vigentes son obligatorios. Su incumplimiento puede dar lugar a medidas tan incisivas como la declaración del estado de alarma y/o la sustitución de los trabajadores en huelga por personal militar. Eso es lo que hizo el Gobierno de Zapatero en 2010 ante una huelga de controladores aéreos.

Si no trabajas en uno de esos servicios esenciales para la comunidad, el debate sobre servicios mínimos ni te toca. Lo digo porque en la pasada huelga feminista del 8-M leí dos anécdotas: una tienda de ropa que pretendió imponer servicios mínimos a sus trabajadoras y un médico que se quejaba de que la cafetería del hospital no hubiera decretado servicios mínimos. Ni una tienda de ropa ni una cafetería son servicios esenciales para la comunidad, así que no se les pueden imponer servicios mínimos a sus trabajadores.

¿Pueden obligarme a prestar servicios de seguridad y mantenimiento?
Incluso en empresas privadas, la huelga no siempre puede ser total. A veces es necesario que algunos trabajadores no ejerzan su derecho sino que se dediquen a la seguridad de personas y cosas o al mantenimiento de los bienes, con el objetivo de que pasada la huelga se puedan reanudar las tareas de la empresa. Por ejemplo, si la huelga es en un almacén que normalmente cuenta con vigilancia o en una fábrica que tiene la maquinaria encendida las 24 horas, alguien tendrá que cubrir esos puestos incluso el día de la huelga.

Es el Comité de Huelga, en principio mediante acuerdo con el empresario, quien designa a los concretos trabajadores que deben efectuar dichos servicios. Esos trabajadores no pueden hacer huelga.


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miércoles, 4 de abril de 2018

Nobleza obliga


El tema del ducado de Franco ha reavivado el tema de la nobleza. Al parecer la nieta del dictador tiene la misma falta de vergüenza que toda su familia y, en vez de hacerse a un ladito discretamente, ha decidido reclamar el título nobiliario que Juan Carlos I concedió a su madre cuando el cadáver de Franco aún estaba caliente. Eso ha provocado un debate sobre la nobleza. Porque sí, no se prodiga mucho en titulares, pero en España, además de reyes, tenemos nobles. Y no es que se trate de títulos viejos que se siguen heredando, no: el último título otorgado en España lo fue en 2014, apenas un mes antes de la abdicación de Juan Carlos (1).

En el Antiguo Régimen, la condición de noble suponía importantes diferencias jurídicas: derechos especiales, exenciones fiscales, acceso a cargos públicos y a puestos militares, ejercicio incluso de jurisdicción sobre territorios, etc. Con el Estado liberal ya no es así. Desde la Constitución de 1812 (en España) los títulos de nobleza son simples dignidades vacías de contenido (2). Como ha dicho el Tribunal Supremo, su contenido jurídico se agota en el derecho a adquirirlos, usarlos y protegerlos frente a terceros, un poco como el propio nombre. Es por eso que el derecho nobiliario se reduce en esencia a dos cuestiones: quién concede los títulos de nobleza y de qué forma se heredan cuando muere el titular.

Antes de pasar a responder a esas preguntas, vamos a ver si podemos definir el objeto de estudio. Porque al hablar de nobleza nos viene a la mente un montón de términos: que si infantes, que si condados, que si grandezas y demás. Así que intentemos primero aclararnos entre toda esta hojarasca. Para empezar, hay que distinguir entre nobleza y realeza. Los títulos de la realeza son todos los que corresponden a la Familia Real. Diferenciamos entre:
  • Títulos reales, que son los que corresponden por ley al rey y a sus hijos. Son tres: rey de España, príncipe de Asturias (lo ostenta el hijo del rey que está llamado a heredar la Corona) e infante de España (lo ostentan el resto de hijos del rey y todos los hijos del príncipe de Asturias). Estos títulos se adjudican por ley, sin que sea necesario un nombramiento formal (3).
  • Títulos de la Casa Real, que son los que el monarca concede a personas concretas de su familia. Son títulos nobiliarios, pero personales y vitalicios, lo que significa que cuando muere su titular revierten a la Corona, no pasan a los herederos. Actualmente en España tres personas ostentan títulos de la Casa Real: las dos hermanas del rey Juan Carlos (Pilar y Margarita, duquesas respectivamente de Badajoz y Soria) y Elena de Borbón, que es duquesa de Lugo.


La nobleza está por debajo de la realeza. Se trata en general de títulos perpetuos: se conceden a una persona y luego pasan a sus herederos en una cadena que se prolonga indefinidamente. Solo en casos muy concretos estos títulos se configuran como no heredables; así, Salvador Dalí pidió que el marquesado que le habían otorgado fuera convertido en un título vitalicio, porque era viudo, no tenía hijos y se llevaba mal con su familia. ¿Qué sentido tenía entonces darle un título perpetuo? El rey se lo concedió y, efectivamente, cuando murió el pintor su título quedó extinto.

Los títulos de nobleza son los siguientes: ducado, marquesado, condado, vizcondado, baronía y señorío. Esta lista está ordenada por jerarquía, lo que quiere decir que, por ejemplo, una marquesa tiene más rango que una baronesa. Pero hay que tener en cuenta el tema de la Grandeza de España. La Grandeza es una distinción extra, que puede ir o no acoplada al resto de títulos nobiliarios. Los duques son siempre grandes de España, pero el resto de títulos pueden serlo o no serlo: por ejemplo, tanto Leopoldo Calvo-Sotelo como Vicente del Bosque tienen un marquesado, pero el del primero es con Grandeza de España y el del segundo sin ella. Incluso es posible conceder grandezas de España personales, es decir, que no van asociadas a ningún título. 

Pues bien: los grandes de España tienen más rango que quienes no lo son. Son, por decirlo así, el escalón superior de la nobleza: la distinción de grande de España está justo por debajo de la de infante, que ya hemos visto que pertenece a la Casa Real. En otras palabras, una Grandeza de España personal tiene más rango que el mayor de los marquesados sin Grandeza. Tradicionalmente este rango se expresaba en derechos protocolarios, como el de llevar sombrero delante del rey o sentarse en sitios preferentes de la capilla real. Hoy en día solo subsiste la diferencia en los tratamientos: los grandes de España son “excelencia” y el resto de nobles solo “ilustrísima” (de marqués a vizconde) o “señoría” (barones y señores).

Así pues, tenemos una escala de títulos que van desde el ducado hasta el señorío sin grandeza de España. Vamos a resolver las dos dudas que nos planteábamos más arriba. La primera es: ¿quién concede los títulos nobiliarios? La respuesta es simple: el rey. La Constitución, en su artículo 62.f, le otorga la competencia de “conferir honores y distinciones”. Es una de las escasas cuestiones en las que el monarca, normalmente un simple peón del Gobierno, tiene iniciativa. Aun así, hay que recordar el principio general según el cual los actos del rey están sometidos a refrendo de un ministro: si un miembro del Gobierno no lo firma, el nombramiento no tiene ningún valor. Lo normal es que el nombramiento venga aconsejado por el Consejo de la Grandeza de España, una institución que, pese a su nombre, reúne a todos los nobles españoles tengan o no Grandeza. Una vez tomada la decisión, se hace efectiva mediante un Real Decreto.

En cuanto a la denominación del título, desde el momento en que desaparecen los señoríos jurisdiccionales no tiene por qué estar vinculada a ningún lugar real. Por ejemplo, en muchos casos el título es el mero apellido de la persona concesionaria: hablo por ejemplo del ducado de Franco que motiva estas líneas, pero también del ducado de Suárez o de los marquesado de Arias Navarro, Garrigues, Vargas Llosa o Del Bosque, todos ellos otorgados por Juan Carlos I para premiar a personas así apellidadas. A veces el propio título es un juego de palabras, como el marquesado de Bradomín (concedido al hijo de Valle-Inclán en memoria de su padre) o el de los Jardines de Aranjuez (otorgado a Joaquín Rodrigo, compositor del famoso “Concierto de Aranjuez”).

Una vez el título está concedido, el titular disfruta de él hasta su muerte. Cuando ésta se produce, y siempre que no estemos en uno de los escasos supuestos de títulos vitalicios, pasamos a la segunda pregunta: ¿cómo se hereda? Lo primero que hay que saber es que el título no es un bien que se incorpore a la masa de la herencia y que luego se reparta entre los herederos (4); al contrario, una vez fallecido el titular, nadie ostenta el título hasta que no instruye el oportuno expediente en el Ministerio de Justicia y éste declara su derecho a usarlo. La sucesión tributa en concepto de impuesto de actos jurídicos documentados; la cuantía es fija y depende del tipo de título (con grandeza, sin grandeza, grandeza personal) y de si la transmisión es directa o transversal.

¿Y quién tiene derecho a instar ese expediente del Ministerio de Justicia? No hay una regla general, porque la herencia de los títulos nobiliarios viene determinada muchas veces en la Real Cédula por la que fueron concedidos, y la variabilidad puede ser enorme. Para los casos donde esa cédula no diga nada (como los concedidos por Juan Carlos I, que se remiten a “la legislación nobiliaria española”) se aplican una serie de normas que llegan hasta las Partidas de Alfonso X. En general, se puede sostener que la mayor parte de los títulos nobiliarios se heredan igual que la Corona española: siguiendo el orden regular de primogenitura y representación. Hay que señalar que desde 2006 está prohibida la discriminación de la mujer: si hay varios herederos de la misma línea y grado, heredará el de mayor edad tanto si es un hombre como si es una mujer, aunque la cédula de concesión diga otra cosa.

Sin embargo, insisto en que cada título es de su padre y de su madre, y las reglas de herencia pueden ser tan absurdas como se quiera. No me resisto a contar el caso del Señorío del Solar de Tejada, concedido en 844 a don Sancho de Tejada y a sus trece hijos. A todos. Cualquier persona que demuestre ser descendiente de este noble medieval tiene derecho a ser considerado caballero o dama del Solar de Tejada, en igualdad de condiciones con los demás. Según la web del señorío, en abril de 2016 había 3.536 señores del Solar de Tejada solo en España. Dos de los más conocidos son los hermanos Marichalar.

Los plazos para reclamar la sucesión de un título son amplios. Hay un año para quien se considere sucesor inmediato, si éste no lo solicita se abre otro plazo de un año para el siguiente en la sucesión, y si éste tampoco habla se dan tres años para cualquiera que se considere con derecho. Si se presentan varios candidatos decide el Ministerio de Justicia, aunque por supuesto la decisión se puede recurrir ante los tribunales. También está prevista la cesión en vida, por la cual el titular renuncia al título en favor de quien va a sucederle. Se permite que el poseedor de varios títulos los reparta entre sus hijos y descendientes; es una medida para evitar la concentración de muchos títulos en una sola mano. Recordemos, por ejemplo, que la duquesa de Alba llegó a tener hasta 46 títulos (5). 

Por último, existe el instituto de la rehabilitación. Se aplica para títulos que hayan estado vacantes durante cinco o más años. Puede solicitar la rehabilitación cualquier persona que tenga un parentesco con el último poseedor legal que no exceda del sexto grado (6), siempre que el título no haya estado vacante durante cuarenta años o más. En este último caso, el título caduca de forma definitiva y ya no se puede recuperar. Por la rehabilitación también hay que pagar impuesto de actos jurídicos documentados, por cierto.

Esta entrada no agota todo lo que hay que saber sobre derecho nobiliario. Pensemos, por ejemplo, que en España siguen existiendo cuatro órdenes militares (Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa), que otorgan la dignidad de “caballero” independientemente del rey. O que durante una época fue muy común que los burgueses españoles se compraran títulos pontificios. O que no hemos hablado de la situación del viudo de una persona noble. Pero es una introducción que os puede servir para orientaros en el mundo de la nobleza más rancia... en los dos sentidos.






(1) Felipe VI todavía no ha concedido ningún título; de hecho no parece estar muy por la labor.

(2) Por supuesto, siempre hay excepciones. En España, las personas con Grandeza de España tuvieron pasaporte diplomático hasta 1984. Pero salvo esas pequeñas cosas, el grueso del derecho nobiliario caducó en 1812.

(3) Es de señalar que el título de infante es vitalicio: quien lo recibe lo ostenta siempre, aunque se produzca una sucesión real que haga que el beneficiario deje de cumplir con las condiciones. Es decir, Elena y Cristina de Borbón siguen siendo infantas a pesar de que ya no son hijas del rey.

(4) En general, el título no es un bien a ningún efecto. Por ejemplo, no se puede vender o donar.

(5) Exitsía la leyenda urbana de que si se encontraran la duquesa de Alba y la reina de Inglaterra esta última se tendría que inclinar, porque tiene menos títulos que aquella. Es ridículo, a poco que lo pienses: las relaciones de protocolo entre nobles dependen del título de mayor rango que tenga cada uno, no de quién tenga más.

(6) En caso de líneas rectas, cada generación es un grado: yo estoy a un grado de mi padre, a dos de mi abuelo, a tres de mi bisabuelo, etc. En caso de líneas colaterales, los grados se cuentan subiendo hasta el tronco común y luego bajando hasta el pariente que nos interesa: yo estoy a dos grados de mi hermano (de mí a mi padre hay un grado, de mi padre a mi hermano hay otro), a tres de mi sobrino (mi padre – mi hermano – mi sobrino) y a cuatro de mi primo (mi padre – mi abuelo – mi tío – mi primo).



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